En consejo ampliado de la Fundación Mi Patrimonio, efectuado en la ciudad de Valparaíso este 01 de Agosto, se adoptó la resolución que reimpulsa la participación social de la fundación en uno de sus pilares institucionales: favorecer el acceso de la ciudadanía a las herramientas legales y administrativas que permiten a las comunidades acceder de manera más expedita a la información que muestra el accionar de los organismos públicos.

Dicho objetivo se alcanza por diferentes vías. Una de ellas es acordar un trabajo mancomunado con los organismos que propenden a los mismos objetivos.

Uno de esos organismos es el Consejo Para la Transparencia, corporación encargada de velar por el cumplimiento de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, organismo con el que Fundación Mi Patrimonio ha acordado una política abierta de fomentar el uso de las herramientas que la Ley 20.285.

Así les fue ratificado a Paula Alcaíno Palma, analista de Estudios y Pablo García de la unidad de Promoción del organismo, por parte de Pedro Muñoz Hernández, Director ejecutivo de Fundación Mi Patrimonio.

“Hemos sostenido una entrevista con la unidad de Estudios del Consejo para La transparencia con  la finalidad de manifestar nuestro agrado por los logros obtenidos este años 2017 en donde, de no ser por la intervención del Consejo, muchas de las publicaciones, investigaciones y denuncias que nuestro organismo ha realizado no habrían sido posibles”, señaló Muñoz, agregando que, “fue solo tras la intervención exitosa del Consejo para la Transparencia que pudimos sacar adelante una investigación por corrupción en el tema de la basura y que hoy está siendo revisada por el Ministerio Público. Y es en este mismo tema que hemos probado el accionar de muchos organismos públicos y privados, convenciéndonos de que la política de integración social del Consejo va encaminada en el mejor camino, y eso es lo que hay que cuidar y promover, por lo que nos comprometimos a accionar todas nuestras capacidades en provincias y entre pequeñas comunidades para que más personas se empoderen de información, que de otro modo no podrían conseguir”.

Para Francisca Caldera, del equipo jurídico de Mi Patrimonio, “esta relación que se ha dado, casi sin quererlo con el Consejo, nos ha fortalecido tanto a nosotros como a las comunidades con las que trabajamos, y después de estos encuentros pretendemos dar una mano al organismo, siendo un puente entre ellos y las personas, en lugares que se ha hecho difícil promover la aplicación de la Ley de Transparencia”.

Fundación Mi Patrimonio comprometió la colaboración necesaria a partir de la distribución de material impreso, el ofrecimiento de sus dependencias y profesionales, además organizar charlas instructivas con diferentes líderes sociales y público en general, con la finalidad de hacer efectivo el apoyo ofrecido, sobre todo en provincias donde la Fundación tiene cobertura.